Este artículo ha sido publicado en "Le Monde diplomatique", en un número extraordinario sobre comunicación editado recientemente

El cambio político resultante de las elecciones del 14 de marzo de 2004 se realizó bajo los ecos de un griterío indignado que pedía “queremos saber la verdad”. No fue un hecho sorpresivo. La sociedad española venía indignándose por la ocultación, en los medios de comunicación oficialistas, de la existencia y alcance de la última huelga general de dos años antes; de la dimensión de la marea negra del Prestige; de los defectos de construcción del AVE; de la catástrofe del Jakoleff; de las mentiras sobre la guerra de Irak y, cómo punto culminante, de la autoría del atentado del 11-M. Del Nunca mais al Queremos saber transcurren muchos meses de toma de conciencia y respuestas ciudadanas en las que no faltaron reflexiones sintetizadas en un eslogan que hizo fortuna entre millones de manifestantes: “La manipulación informativa también es una arma de destrucción masiva”.

Con la nueva mayoría política resultante se debate actualmente en las Cortes Generales un proyecto de ley que pretende, después de 25 años de democracia, dar garantías por primera vez al derecho a la información. Todos menos el Partido Popular aceptaron a trámite el proyecto de ley del Estatuto del Periodista Profesional (EPP), propuesto por el grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds (IU-ICV). Es ahora una oportunidad política con los equilibrios parlamentarios adecuados para su aprobación. Pero las adhesiones al texto propuesto, por parte de los grupos parlamentarios que lo han aceptado a trámite, son muy desiguales. El articulado es sin duda mejorable, pero muchas reticencias no lo son tanto a la forma como al fondo. De aquí que el trámite parlamentario resulte mucho más que un mero trámite y por el camino de las enmiendas y de un turno de comparecencias varias, el texto legislativo puede quedar hueco de contenido de imponerse las reservas más directamente neoliberales o des-reguladoras.

El EPP nació del consenso largamente larvado en el seno del Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) que engloba el conjunto de organizaciones sindicales y profesionales de periodistas de España. En concreto las agrupaciones de periodistas de CC.OO. y UGT, la Federación de Sindicatos de Periodistas, los Colegios de Periodistas de Cataluña y Galicia y la Federación de Asociaciones de la Prensa de España. IU en la legislatura anterior se comprometió a trasladarlo como proyecto de ley y no prosperó ante la mayoría absoluta del PP. El PSOE instó al Gobierno Aznar a que propusiera una ley en el mismo sentido y también fue rechazado. En la actual legislatura se ha repetido la operación con la aceptación unánime de todo el arco parlamentario menos del PP. El texto sigue siendo el elaborado por el FOP.

Pero una vez ha prosperado la iniciativa una de las organizaciones integrantes del FOP, y redactora durante años del texto consensuado, ha manifestado su desvinculación del proyecto y presenta fuera de lugar y plazo una especie de voto particular alternativo que aparentando estar de acuerdo con legislar el derecho a la información niega todo lo substancial de lo requerido. Esta organización discrepante es la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), liderada ahora por Fernando González Urbaneja, que finalmente hasta decidió su salida unilateral del FOP y sin explicaciones.

Urbaneja es a la vez el voto discrepante del informe de la comisión de expertos para un nuevo modelo de los Medios Públicos. En este otro caso también, después de reconocer las excelencias del informe oficial de la comisión, discrepa en lo fundamental queriendo reducir los medios de titularidad pública a la mínima expresión, proponiendo la privatización de una de las cadenas de TVE, impidiendo a la superviviente compaginar publicidad y presupuesto público y poniendo como condición previa al nuevo modelo una drástica disminución de plantillas. Todo ello siendo presidente de una organización de periodistas.

Pero veamos en lo que discrepa Urbaneja y veremos que es lo fundamental del EPP. Discrepa en que exista un Consejo de la Información, como autoridad pública, que otorgue el carné a los profesionales (pretende otorgarlos desde la FAPE). Discrepa que este organismo tenga potestad para hacer cumplir la ley, es decir capacidad sancionadora, con lo que una ley sin organismo responsable para hacerla cumplir queda en poco más que una declaración de buenas intenciones. Discrepa que el Código Deontológico, de los periodistas, aquel que creemos que son nuestras normas de obligado cumplimiento, tengan un órgano de seguimiento institucional con capacidad sancionadora (pretende que este órgano también lo detecte la FAPE y sólo con autoridad moral), con lo que las normas deontológicas dejarían de ser de obligado cumplimiento y su incumplimiento impune. Pretende consagrar a los colaboradores, incluso los que trabajan bajo mandato de los medios, y que engloba en el concepto genérico de “periodistas por cuenta propia”, como trabajadores autónomos sin vínculo laboral, que es tanto como consagrar legislativamente el motor de la precariedad del sector. Y todo ello una vez más en nombre de los periodistas.

Pero siendo todo ello grave, no es lo peor. Es peor que introduzca a toro pasado la falsa creencia de la desunión entre la profesión, sirviendo de excusa a aquellos que sin querer contraer compromisos en la materia, entre otras cosas por lo que pueda suponer de dificultad con los editores, anteponen a cualquier decisión política la falsa premisa de “póngase primero ustedes de acuerdo”, como si fuera obligación de nadie ponerse de acuerdo con según quién, dispuesto de antemano a reafirmar su vocación persistente de voto discrepante con lo razonable y con argumentos siempre a favor de que “la mejor ley de prensa es la que no existe”.

Pero aún esto último no es lo peor, porque finalmente quién le hiciera caso sólo estaría buscándose el pretexto para sortear su responsabilidad legisladora. Lo peor es que la alternativa discrepante pierde de vista que la información es un derecho ciudadano consagrado en la Constitución. Que no se legisla para los periodistas, ni por los periodistas. Que no se puede ser, desde una organización privada de periodistas, juez y parte en la gestión de derechos públicos de la totalidad de la ciudadanía. Sus alternativas son, después de tanto ruido, redacciones varias y contradictorias, simplemente inconstitucionales.

Por si fuera poco, entre los escritos alternativos mostrados a los grupos parlamentarios para que los tengan como punto de referencia, cuando existe ya un proyecto de ley admitido a trámite, y sus declaraciones públicas y persistentes hay un abismo de contenidos y despropósitos. Mientras por escrito sólo se atreve a redactar un texto alternativo pero al fin y al cabo un Estatuto para la profesión periodística, en sus manifestaciones declara la guerra total a cualquier estatuto, califica al del FOP de franquista, corporativista, contrario a la libertad de expresión e incluso de querer sovietizar las redacciones. Todo ello junto y revuelto y amplificado por los medios que sin haber explicado los contenidos del EPP, editorializan satanizándolo con sus mismos argumentos. Claro está que los medios de esta campaña son los grandes defensores de los valores democráticos, de las libertades y del rigor informativo: ABC, La Razón, El Mundo y las cadenas radiofónicas del mismo entorno en las que participa de “tertuliano”.

Pero los legisladores se habrán tomado un tiempo para poder comparar el derecho consagrado en nuestro entorno democrático. Verán la similitud de leyes que regulan los mismos deberes y derechos que los propuestos. Que finalmente España puede dejar de ser diferente y legislar como hicieron todos aquellos que sufrieron las dos grandes guerras del siglo XX y vieron el rostro del totalitarismo en Europa. Verán también que España firmó el Código Deontológico del Periodismo del Consejo de Europa dónde ya se insta a los estados a regular estas materias. Código por cierto aprobado por unanimidad de los grupos parlamentarios europeos. Verán también que queda pendiente el mandato constitucional de desarrollo legislativo del secreto profesional. Verán finalmente que la información no es una mercancía si no un derecho ciudadano, que va por la senda de convertirse en un simple engaño. Verán la necesidad de fortalecer la tibia democracia española en la que aún sigue vigente la llamada “ley Fraga”, último culatazo del franquismo en materia informativa. Verán todo ello y decidirán. Y tenemos la esperanza de que no decidirán en balde.