Ahora pretenden imponer bloques electorales cronometrados a las TV privadas

Se acercan las elecciones al Parlament de Catalunya sin que la mayoría de partidos políticos parlamentarios hayan aflojado en su concepción que el derecho a la información consagrado en la Constitución se puede acotar y encorsetar en función de unos resultados electorales anteriores a la hora de hacer la información, como si se tratara de los espacios gratuitos de propaganda, los únicos sobre los que la Ley Electoral da competencias a la Junta Electoral Central. Una concepción que intentaron plasmar en la nueva Ley Electoral de Catalunya, que no prosperó por las divergencias en otros ámbitos.

Pero ahora se ha reactivado en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados el debate sobre la reforma de la Ley Electoral española, que incorpora como gran aportación que las televisiones privadas también apliquen el sistema de bloques electorales cronometrados y ordenados en función de los últimos resultados electorales. Y esto, en aras de los principios del pluralismo y la neutralidad informativa, que según nuestro criterio, son totalmente opuestos a la diferencia de trato a las formaciones políticas, e invocando –correctamente- que las empresas privadas emiten por una concesión pública.

Curiosamente este principio no se ha plasmado en la recientemente aprobada Ley General Audiovisual, en la que todas las obligaciones se limitan a las radiotelevisiones públicas, y casi ninguna hacia las privadas, y que todavía espera que se cree el Consejo Audiovisual que las supervise.

Por esto encontramos desafortunado y oportunista la apelación a los deberes de las privadas por unos objetivos intervencionistas que comportarán que los empresarios y sectores neoliberales se apunten a la defensa de criterios periodísticos profesionales, pero mezclándolos con sus intereses particulares. También se debe lamentar que formaciones políticas que se habían pronunciado contra el sistema de bloques electorales cronometrados hayan pactado esta extensión a las televisiones privadas. Con este argumento, debería también aplicarse a la prensa escrita, que al fin y al cabo también recibe subvenciones públicas.

Por todo ello hacemos nuevamente un llamamiento a la cordura de los partidos políticos para que entiendan que si tienen agravios con el tratamiento informativo en el audiovisual, sea público o privado, luchen por defender una información libre y sin injerencias, garantizando a los profesionales unas estructuras no partidizadas y unos mecanismos de intervención como los Estatutos de Redacción y los Comités Profesionales.

Barcelona, 2 de julio de 2010