La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) celebra que el Congreso de los Diputados haya escuchado las peticiones de distintas organizaciones de informadores, e incluso del Defensor del Pueblo, y haya acordado modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para que las condenas a periodistas o medios de comunicación dictadas en primera instancia no puedan ser ejecutadas hasta que sean firmes. Hace ahora dos años, la FeSP expresó públicamente su pesar por que un modesto semanario de Cantabria, La Realidad, se viera obligado a cerrar tras ser condenado a pagar una indemnización de 120.000 euros (20 millones de pesetas) y casi 40.000 más en concepto de intereses y costas) por haber publicado unos comentarios críticos sobre Carlos Sáiz, secretario general del PP de esa comunidad autónoma.

Un año después, la Audiencia Provincial de Cantabria rebajó esa indemnización a 12.020 euros (dos millones de pesetas), pero ya era demasiado tarde: el citado semanario había tenido que cerrar, lo que costó el trabajo a 30 profesionales de la información, porque se vio asfixiado económicamente cuando el dirigente del PP cántabro exigió que se ejecutara provisionalmente la sentencia dictada por una juez de Primera Instancia.
El semanario El Siglo, y también el portal de Internet Micanoa.com y Telemadrid, estos últimos de manera conjunta, pasaron por una situación similar, aunque pudieron hacer frente a las sentencias sin tener que cerrar.

En todos esos casos la FeSP reclamó la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que un derecho fundamental como es la libertad de expresión no se viera afectado por la ejecución de unas sentencias que, al no ser firmes, podían ser modificadas posteriormente, como sucedió con 'la REALIDAD'.
La FeSP lamenta que la posibilidad legal de ejecutar sentencias no firmes haya sido aprovechada por algunas personas para perjudicar a medios de comunicación y a la libertad de expresión. Ahora, esta Federación de Sindicatos de Periodistas celebra que los distintos grupos parlamentarios se hayan puesto de acuerdo para corregir una situación que era a todas luces injusta.

12 de diciembre de 2003