El pasado 16 de diciembre, ocho periodistas de Tarragonas estaban citados en el juzgado de paz de Calafell a un acto de conciliación previa a la interposición de una querella criminal presentada por el coordinador de áreas del Ayuntamiento de Calafell, Manuel Romero Catalán, que consideró que las informaciones elaboradas por estos periodistas suponen injurias graves contra él y un daño moral. La querella podría afectar también a otras ocho personas entre vecinos, políticos y sindicalistas que denunciaron la actuación de este cargo municipal.

El SPC considera que esta actitud por parte del gerente de Calafell es un atentado al derecho a la Información y cree que es totalmente incomprensible que personas que tienen una responsabilidad en una administración pública sean capaces de ignorar los derechos fundamentales a la libertad de expresión y de información reconocidos en el artículo 20 de la Constitución Española. El derecho a informar se convierte, en una función social, en un deber al servicio del derecho de la ciudadanía a ser informada. Los periodistas citados por la justicia se han limitado a informar, a ejercer su obligación profesional de obtener, elaborar y difundir informaciones de actualidad y relevancia pública de unos hechos en los que el gerente de Calafell era uno de los protagonistas públicos. Además, el querellante se permite solicitar una indemnización de 6.000 euros por injurias a cada una de las 16 personas demandadas, entre las que figuran los ocho periodistas, alguno de ellos, además, sin ninguna relación con las informaciones escritas.

El Sindicat de Periodistes de Catalunya da su máximo apoyo a los informadores denunciados y reitera su voluntad de oponerse a qualquier intento que desde organismos o terceras personas a título individual pongan en cuestión el derecho a la información y la tarea de los profesionales que ejercen el deber de informar a la ciudadanía.