Los comités de empresa y profesional de las emisoras de Catalunya Ràdio muestran su sorpresa ante la enmienda presentada por el PP y aprobada ayer por los grupos parlamentarios de CiU y PP y con la abstención del PSC a la ponencia sobre el proyecto de ley de modificación de diversas leyes en el ámbito audiovisual. En esta enmienda se dice: "en el caso de la participación en el mercado publicitario de las emisoras de radio, esta se tiene que ir reduciendo progresivamente hasta su desaparición de acuerdo con las condiciones que se determinen reglamentariamente".

Hay que tener en cuenta que esta medida se propone en un contexto de recortes presupuestarios que, en el caso de las emisoras de la Generalitat, es del 36%. Este ajuste presupuestario ya ha supuesto un gran esfuerzo tanto para los trabajadores como para la empresa a todos los niveles. Si a esto añadimos la supresión de la publicidad, se cuestiona y se pone en peligro la viabilidad de nuestra empresa. Ahora mismo, la publicidad que se emite en Catalunya Ràdio permite hacer unos informativos de máxima calidad y una programación que se ajusta a la exigencia de servicio público que nos marca la ley.

Nuestras condiciones en el mercado publicitario no son las mismas que las de los medios radiofónicos privados. Disponemos de mucho menos espacio publicitario, limitado por ley a un máximo de seis minutos por hora, no podemos ofrecer los mismos productos publicitarios, los contenidos de los anuncios están limitados y nuestros precios están por encima de la media del mercado catalán. Todo ello ha supuesto que en los últimos 5 años los ingresos publicitarios en las emisoras de la Generalitat ya se hayan reducido a cerca de la mitad.

Desde el comité de empresa y el comité profesional de las emisoras de Catalunya Ràdio pedimos sentarnos con los partidos políticos para explicarles la realidad de la situación en las emisoras de la Generalitat, tanto en el mercado publicitario como en cuanto al funcionamiento de la estructura que permite el actual modelo de servicio público. La intención es que los representantes políticos tengan de primera mano todos los datos contrastados antes de tomar una decisión definitiva en relación con los cambios que se están debatiendo sobre la ley que regula la CCMA.

Barcelona, 2 de febrero de 2012