CiU y PP votarán contra una candidatura profesional e independiente en el CAC

Sin disimular ni guardar las formas, el partido del gobierno y su aliado único en la involución de las leyes audiovisuales (la de la CCMA, la del CAC…) han presentado dos candidatos a ocupar las vacantes en este organismo que saldrán adelante gracias a su alianza estratégica en este campo, y dejará fuera al único candidato con un perfil realmente profesional e independiente, como reclama la ley.

No votar como miembro del CAC a Salvador Alsius, propuesto por ICV-EUiA y ERC, aunque no milita en ninguna de estas organizaciones, constituirá por parte de CiU y PP un agravio para la independencia del Consell mucho más grave que su propuesta de candidatos connotados por su afinidad política, que en el caso de Daniel Cirera llega hasta el punto haber sido presidente del PP de Catalunya.

Cuestionar la idoneidad de Salvador Alsius para ser integrante del CAC y no votarlo será primar la perversa práctica de las cuotas políticas por encima de una trayectoria de independencia profesional, conocimiento del medio audiovisual y pedagogía sobre la ética informativa que no se puede comparar con ninguna de las de los otros candidatos. Es nuevamente traicionar la propia ley y el espíritu de todas las leyes audiovisuales aprobadas desde el debate audiovisual de 1999 en Parlament de Catalunya.

En este punto, además, CiU está mimetizando las posiciones más retrógradas y contrarias a la independencia de los medios públicos del PP, que se están produciendo también en RTVE, EFE y COM Ràdio, y que parece preferir a las de los grupos políticos con los que había compartido voluntad de consenso en torno a estos medios y especialmente en cuanto a su función de normalización de la lengua, la cultura y la identidad catalanas.

Sería un signo de salud democrática interna que en el pleno donde se ha de votar a los propuestos algún diputado de la federación se atreviera a hacer prevalecer sus convicciones por encima de las directrices tácticas de partido, y la cordura y el sentido común imperen en la decisión que debe tomar el Parlament.

Por otro lado, el alejamiento de la ciudadanía de esta institución y de las formaciones políticas se agravará, y la credibilidad de los organismos encargados de velar por la independencia deberá ser cuestionada de raíz.

Barcelona, 2 de julio de 2012