Ayer, durante los incidentes violentos en Barcelona y otras ciudades, los profesionales de la información volvieron a ser víctimas de agresiones e insultos por parte tanto de miembros de los Mossos d'Esquadra como de grupos de manifestantes, que de esta manera han obstaculizado su trabajo y en definitiva el derecho a la información de la ciudadanía.

Monica Terribas, Ramon Mateu, i Enric Marín

El Gobierno de la Generalitat ha anunciado un recorte de 40 millones de euros en el presupuesto de la CCMA para el año que viene, en contra de una previsión de financiación de 300 millones, que según los responsables de la Corporación pone en grave riesgo el modelo de servicio actual, su liderazgo y algunos de sus contenidos. Pero el Gobierno ha ido más allá y ha dictado los ámbitos que deberían resultar afectados y las medidas concretas a tomar, que son una competencia de la CCMA, un organismo independiente emanado del Parlamento, y los directores de los medios.

En los medios de comunicación -y de manera muy especial, los escritos- se está incrementando, con la excusa de la crisis, la precariedad laboral entre sus trabajadores. Esto se ha ido acentuando en los últimos meses donde el colectivo más desprotegido, el de colaboradores o periodistas a la pieza, ha visto como se iba reduciendo el número de trabajos que se les encargaba.

Como informamos a mediados de octubre, el SPC se ha reunido con los seis grupos parlamentarios del Parlament de Catalunya para pedirles que se definan respecto de la propuesta de regulación del derecho a la información en Cataluña, a partir de una ley que recoja los derechos y deberes de los profesionales de la información, que son los mediadores, y establezca por ley una autoridad de la comunicación que vele por el cumplimiento del código deontológico y por el derecho de la ciudadanía a una información veraz y contrastada.

De la misma manera que desde el SPC hemos denunciado las maniobras para sacar diarios empobrecidos a la calle por parte de las empresas periodísticas, hemos de condenar con rotundidad las agresiones físicas mediante lanzamiento de objetos a trabajadores y vehículos de medios de comunicación.

Las ediciones distribuidas el día de la huelga general no incluyen ninguna noticia importante del día anterior

Quince días después de que la patronal de la radio privada compareciera ante la Comisión de Control parlamentaria de la actuación de la CCMA, reclamando para el sector “la reducción hasta la eliminación” de la publicidad en las emisoras públicas de Catalunya, ya les han salido los abobados en sintonía en el ámbito político. Joana Ortega, de CiU, Santi Rodríguez, del PP, i Joan Ferran, del PSC, han avalado esta propuesta.